El gobernador Gustavo Valdés se reunió este lunes con el fiscal de Estado de la Provincia, Horacio Ortega, para firmar la demanda a la Nación ante la Corte Suprema por el recorte de coparticipación que implican tanto el decreto N° 473/2023 como la ley N° 27.725, que redujeron la alícuota del impuesto a las ganancias que percibe el Ejecutivo provincial.

“Solicitamos la inconstitucionalidad de las normas y presentamos una medida cautelar para que Nación compense las pérdidas con sus recursos”, explicó en ese sentido el gobernador, a través de las redes sociales.

Seguidamente, Valdés afirmó que la normativa afecta a Corrientes en $ 15.000 millones este y el próximo mes “con una proyección de más de $ 100.000 millones para 2024”, detalló.

En tanto, en el marco de la reunión que mantuvo junto al gobernador, el fiscal de Estado expuso que “hoy suscribió la demanda que se interpone ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de pedir la inconstitucionalidad del decreto 473/2023 de la ley 27.725, mediante la cual hubo una modificación al impuesto a las ganancias que afecta directamente a la masa coparticipable y, por ende, a los recursos de la Provincia de Corrientes”.

Posteriormente, Ortega explicó el eje de lo que se firmó en la jornada al remarcar que “esta demanda tiende a declarar la inconstitucionalidad de las normas”, tras lo cual se esperanzó en “que la Corte se expida en una medida cautelar donde solicitamos que, ante esta retracción de recursos de las ganancias de la Nación, que el Gobierno se haga cargo de lo que no le va a ingresar a la provincia”.

En lo que respecta a la masa coparticipable, destacó que “esta afecta en sumas importantísimas para terminar el año en los últimos meses, en un monto equivalente a $ 15.000 millones y con lo que refiere al 2024, la ley establece la misma proyección, y vemos una merma a los 100.000 millones de pesos”.

De esta forma, la Provincia busca que las normas sean consideradas inconstitucionales a fin de que “se mantenga la masa coparticipable” para “que la Provincia no sufra daños, ya que Corrientes tienen obligaciones donde ya cuenta con números para la definición del fin de año y el que viene”, sostuvieron, tras lo cual recalcaron que “con estas dos normas se complica a la Provincia, no sólo en la cuestión fiscal, sino en todos los órdenes provinciales”.